Es indudable que las plazas de empleo formal depende mucho de la manera cómo evolucionan las economías de cada uno de los distintos países, así como también del grado de inversión y capital que se invierta tanto por parte de las empresas nacionales, así como también de las compañías extranjeras.
La dinamización de la economía en sus tres (3) sectores primario (agricultura y ganadería), secundario (industria) y terciario (servicios), permite la circulación de bienes y servicios, al igual que la generación de nuevas fuentes de empleo, toda vez que se genera una redistribución de las riquezas, y a la vez se incentiva el comercio.
La constitución o creación de fuentes de empleo a partir de las cuales se generan plazas laborales, se torna en un mecanismo por excelencia, a partir del cual se busca reactivar la economía local y consecuentemente también la internacional, redundando en el beneficio no solo en el campo del derecho laboral, sino también en el ámbito familiar.
No se puede perder de vista, que el derecho laboral se encuentra estrechamente vinculado al derecho de familia, ya que a partir del primero se pueden llegar a satisfacer las necesidades personales y familiares que demanda la sociedad tales como vivienda, alimento, vestido, salud, etc.
En años anteriores, los Estados al igual que las instituciones financieras nacionales e internacionales han efectuado proyecciones estimadas, en torno al crecimiento económico que aproximadamente podrían crecer cada una de las diferentes economías de los distintos países. Sin embargo, el posible incremento o desarrollo que se esperaba obtener de manera local, regional e inclusive a nivel internacional se opacó a partir de marzo del año 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS), reconoció públicamente la existencia de la enfermedad reconocida bajo el nombre del COVID-19.
El temor que generó la enfermedad COVID-19, y sus respectivas consecuencias las cuales afectaban directamente a la salud de las personas, provocó que los distintos Estados se vieran en la necesidad de adoptar medidas a fin de minimizar o atenuar los lesivos efectos que pudieran genera el letal virus, que en algunos casos graves podían hasta ocasionar la muerte de los pacientes.
Fueron muchos los países que por meses consecutivos adoptaron medidas de cuarentena, siendo estas fijadas en base a una restricción por días e inclusive hasta por horas, limitando de esta manera la circulación de un gran porcentaje de su población, con la finalidad de evitar la expansión de la enfermedad COVID-19, así como los efectos corporales y perjudiciales a la salud de su población.
Evidentemente esta restricción establecida a través de cuarentenas y limitaciones al libre tránsito y circulación de cara a preservar la vida humana, trajo como consecuencia que muchas empresas, así como también diversos empleadores procedieran a solicitar la suspensión provisional de los contratos laborales, para evitar un futuro cierre absoluto de las plazas laborales o destrucción de la fuente de empleo.
La suspensión de los contratos de trabajo provocó que muchos trabajadores quedaran en una situación de incertidumbre, toda vez que debían de subsistir el día a día, sin contar con el respectivo ingreso económico para hacerle frente a sus necesidades básicas y en muchos casos hasta familiares.
Muchas de las empresas vinculadas a alguno de los sectores de la economía, también por su parte se encontraron con el problema que al no existir una jornada de trabajo ni siquiera parcial, no podían colocar sus productos o brindar sus servicios, lo que se tradujo en la imposibilidad de obtener ingresos con motivo de la falta de dinero o circulante a través del cual se pudieran comprar materias primas, pagar a sus trabajadores y en algunos casos hasta cancelar obligaciones, préstamos o sumas de dinero que posteriormente serían pagadas con motivo de acuerdos comerciales o entidades crediticias.
La prolongación de la urgencia sanitaria con motivo de la enfermedad Covid-19, y la falta o la ausencia de una vacuna que en cierta manera pudiera generar anticuerpos frente al virus, a fin de evitar el colapso en los centros de salud y el fallecimiento de un gran número de la población, en especial aquellas personas con enfermedades crónicas, generó que muchas empresas se mantuvieran sin poder operar, o muchos de sus puestos de empleo se mantuvieran suspendidos.
Si bien es cierto, a medida que van transcurriendo los días, meses y años, los Estados han buscado retornar nuevamente a la vida normal, similar a como si no hubiese existido el virus Covid-19; pero la realidad es que la falta de dinamización de los diversos sectores de la economía y el funcionamiento de las empresas afectaron enormemente las fuentes de empleo, al punto que hoy en día las secuelas de la enfermedad SARS-COVID 19 ya no sólo es palpable en los seres humanos, sino también a lo interno de las empresas del sector privado.
Evidentemente la pregunta que surgiría frente a ese escenario sería la siguiente: ¿Cuál será el futuro laboral post-covid? La respuesta no es fácil, ni mucho menos sencilla, toda vez que difícilmente se puede predecir el futuro. Sin embargo, el panorama planteado no se mira claro, en especial cuando nos encontramos principalmente frente a posibles empresas que producto de la situación ocurrida se tendrán que ver en la penosa necesidad de declararse insolventes, en quiebra o concurso de acreedores.
Lo anterior traerá como consecuencia lógica, la solicitud de despido de los trabajadores por parte de las empresas del sector privado, lo cual se traducirá en la interposición de los respectivos procesos ante las autoridades trabajo por insolvencia económica, el cierre de locales o establecimientos comerciales y finalmente todo desembocará en un aumento de las tasas de desempleo.
Pareciera que la escena que se avecina lamentablemente podría traducirse en un ambiente o escenario dantesco y de mucha zozobra, tanto en el ámbito laboral, personal, profesional, etc. Personas que no pueden hacerle frente a sus deudas, viéndose obligadas a dejar sus viviendas, vehículos, viendo cómo subsistir para poder alimentarse, resquebrajamiento de los hogares y separación de las parejas.
Empresas que a pesar de solicitar una liquidación de su plantilla laboral ante las correspondientes autoridades laborales, no cuenten con el suficiente capital o fondos para poderle pagar las prestaciones adeudadas a sus colaboradores; siendo aquellas empujadas a tener que solicitar préstamos a entidades crediticias para poder pagar las deudas; o simplemente declarándose en quiebra, teniendo que sus trabajadores ver cómo hacen a través de medidas cautelares, para poder rescatar algo de lo que les correspondía con motivo de su liquidación contractual o laboral.
Definitivamente la aparición o el surgimiento de la enfermedad COVID-19, lejos de ayudar a las economías, lo que va a traer es mayor angustia y sufrimiento no solo en el campo laboral y económico, sino también en el laboral, profesional, personal, etc.
Si bien es cierto, la realidad de lo que se avecina es muy complicada y compleja ya que no existe una varita mágica, que con sólo moverla o agitarla se solucionen los problemas económicos, laborales, familiares, etc., sin embargo, todo parece indicar que la reactivación económica no sólo debe ser unilateralmente por parte del sector público o del sector privado, sino que todos en conjunto mediante los correspondientes consensos y sacrificios debemos de ir trabajando en favor de solucionar la crisis económica que avecina.
No todo está perdido, tal vez con sacrificio, esfuerzo, dedicación, esmero y empeño, podamos irnos levantando del escenario económico dantesco que se nos avecina, tal como ocurrió con la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, la cual a pesar de haber sido destruida y devastada, a través de disciplina, orden y consagración fue poco a poco retomando su sitial de prosperidad dentro de la Unión Europea, al punto que hoy en día se constituyen en el principal eje o pilar de este grupo económico.
Tal vez una de las posibles soluciones para acelerar la reactivación económica y el consecuente aumento de las plazas laborales sería la flexibilización de los requisitos para la constitución de nuevas micro empresas, a través de las cuales se incentive la creación de nuevas fuentes de empleo. De igual manera, el Estado podría promover por espacio de tres (3) años, reformas en la legislación tributaria tendientes a la reducción hasta la mitad en la recolección del pago de impuestos o de la carga impositiva, con la condición de contratar mayor personal y de esta manera dinamizar la economía.
Partiendo de la base que los Estados renuncian al cobro de la mitad de los impuestos que debieron de haber sido cancelados o pagados por parte del sector privado en tiempos normales en los que no se hubiese decretado la pandemia mundial por Coronavirus 2 o Covid-19 (SARS COVID-19), es evidente que los países podrán exigir o demandar hacia el sector privado, una mayor participación o apoyo en favor de la responsabilidad social empresaria, a fin de que la empresa privada se solidarice e invierta en las labores sociales, provocando de esta manera, que los Estados se liberen bastante de su responsabilidad de inversión social, ya que la misma podría ser asumida temporalmente por las compañías o empresas que conforman el sector privado.
Si bien es cierto, la enfermedad Covid-19 ha golpeado fundamentalmente a los llamados Estados tercer mundistas o en vías de desarrollo, son los gobiernos de dichos países, los que están llamados a efectuar una revisión y análisis en la prioridad de los gastos públicos, a fin de controlar y restringir aquellas erogaciones que en realidad no resultan indispensables, y a las cuales los Estados deberían estar llamadas a renunciar en pos de sus ciudadanos.
La aparición del virus SARS COVID-19, dejó totalmente en evidencia la falencia a nivel mundial que tienen nuestros Estados de poder hacerle frente a futuras guerras bacteriológicas, enfermedades letales, situaciones de fuerza mayor (maremotos, terremotos, incendios, etc.) que se pudieran presentar. Y aunque pareciera una visión muy futurista la posible existencia de situaciones caóticas como las anteriormente enunciadas, los gobiernos deben poner su mirada en desarrollar plantes y políticas de contingencia, a fin minimizar cualquier riesgo que se pudiese presentar eventualmente, que no solo golpee directamente a la población, sino también al ámbito económico y laboral.